Se alquilan vientres: el negocio detrás de la maternidad subrogada

Con 200 mil dólares se puede comprar un departamento 3 ambientes en Palermo, un vehículo de lujo o un niño por vientre de alquiler en California, Estados Unidos. Gran parte del gasto cubre servicios de la agencia, tratamientos médicos y honorarios legales; sólo cerca de 45 mil dólares -con suerte- van a la madre gestante. El resto, se lo lleva el sistema que ve a la mujer como una incubadora y al niño, no como un hijo, sino como un objeto de consumo. Se estima que la industria movió 14 mil millones de dólares en 2022 y podría crecer a 129 mil millones para 2032.

India, por el contrario, hasta 2015 fue el destino “low cost”, donde un niño por subrogación de vientres costaba cerca de 40 mil euros; en Ucrania, 43 mil; en Georgia, 47 mil; en México, entre 49 y 71 mil dólares; y en Canadá, 85 mil dólares. Pero el podio se lo sigue llevando Estados Unidos, donde el mínimo son al menos 100 mil dólares, porque se considera uno de los sistemas más “seguros” para este tipo de contratos. Cuanto más “confiable” para los padres que pagan (clientes), más grande e instrumentalizada es la red que opera para llevar a cabo el modelo de negocios.

Este circuito empieza con las agencias de gestación subrogada, que son intermediarios que conectan a los futuros padres con las madres gestantes y coordinan todo el proceso. Suelen encargarse de reclutar mujeres, gestionar pagos y garantizar que se cumplan los contratos, a cambio de ganancias significativas, que se cobran a los padres intencionales con altas tarifas de gestión. En la práctica, operan como empresas tremendamente lucrativas.

El segundo eslabón del circuito son las clínicas de reproducción asistida. Son centros médicos (públicos o privados) que realizan los tratamientos de fertilidad necesarios: desde la fertilización in vitro (FIV) de los embriones hasta la transferencia a la gestante, así como controles de embarazo y parto. En muchos casos, las clínicas trabajan asociadas con agencias, ofreciendo paquetes integrales. Además de que para cada niño nacido, hay un promedio de 14 embriones que quedan en el camino; una de las denuncias más fuertes contra las clínicas ligadas a los vientres de alquiler es que en búsqueda de atraer clientes extranjeros, a veces realizan múltiples implantaciones de embriones o procedimientos arriesgados para la mujer gestante, buscando reputación de altas tasas de éxito. Las clínicas privadas obtienen ingresos por cada ciclo de FIV, pruebas genéticas, partos, entre otras, y en destinos internacionales, muchas atienden casi exclusivamente a clientela extranjera.

En tercer lugar, viene el recurso necesario: las mujeres que gestarán a los niños, también conocidas como gestantes o sustitutas. En los esquemas comerciales, suelen ser mujeres de recursos económicos limitados y de contexto extremadamente vulnerable que ven en la subrogación, una forma de ingreso importante. Por ejemplo, en Ucrania, se documentó que muchas gestantes aceptaban por necesidad económica tras divorcios o desempleo; en México, la mayoría de las que alquilan su vientre lo hacen debido a una difícil situación económica. Estas mujeres asumen riesgos físicos y emocionales enormes, ya que los embarazos (especialmente los múltiples) pueden conllevar complicaciones de salud, y la separación del bebé tras el parto puede generar secuelas psicológicas gravísimas, ya que implican romper con un circuito biológico natural de apego para arrancar la cría del seno materno, como si se tratara de un cachorro a destetar. Aunque ni eso, porque a los perritos al menos les dan 45 días. A las mujeres, ni eso.

Es por todo eso, que los vientres de alquiler explotan la capacidad reproductiva de la mujer con fines lucrativos, como si se tratara de un perro de raza en un criadero. Reduce la dignidad humana de la mujer, convirtiéndola en un commodity. Además, las gestantes muchas veces renuncian por contrato a derechos fundamentales, como decidir sobre su propio cuerpo durante el embarazo (algunas cláusulas les prohíben ciertas conductas, o les exigen abortar/reducir embriones si así lo piden los contratantes) y, ante todo, renuncian al derecho a la filiación del bebé que gesta. En jurisdicciones permisivas, tras el parto se borra legalmente a la gestante del registro civil en favor de los padres intencionales; no sólo atentado contra la maternidad de esa mujer (que puede generar en la madre sentimientos de desposesión y duelo no reconocidos), sino también con el derecho a la identidad de los hijos, negándoles saber parte de su historia.

Además, la salud física y mental de estas mujeres está en juego. Por ejemplo, los embarazos múltiples o por FIV tienen más incidencia de complicaciones como preeclampsia, partos prematuros o cesáreas de riesgo. Muchas mujeres firman contratos sin estar plenamente informadas de estos riesgos médicos y sin cobertura de seguros adecuada. Y en los países sin regulación, las gestantes sufren secuelas tanto físicas como mentales y quedan totalmente desprotegidas. A eso, debemos sumar el abandono y la falta de apoyo postparto, ya que una vez que entregan el bebé, muchas agencias dejan de brindar asistencia, y si surgen problemas de salud como puede ser la depresión posparto o la infertilidad secundaria por complicaciones, la mujer enfrenta sola las consecuencias.

Todo esto, sin contar que frecuentemente, las gestantes reciben sólo una pequeña fracción del pago total, aunque son el eje necesario para la red. Se estima que es apenas un 10% de la transacción total.

A esto, debemos sumar que desde la perspectiva del menor, el foco debiera estar en proteger su identidad y bienestar. Y aunque según UNICEF, “los niños y niñas nacidos por gestación subrogada tienen los mismos derechos que todos los niños” en virtud de la Convención de Derechos del Niño; en la práctica pueden enfrentar vulneraciones específicas. Una de ellas es el derecho a la identidad: el niño tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos y a su madre de nacimiento, pero si las leyes o contratos borran toda información de la gestante o de donantes genéticos, este derecho no se cumple. Y ante cumplir el capricho de los padres por conseguir un niño como “si siempre hubiera sido mío”, las legislaciones no suelen ser muy respetuosas.

Eso sin nombrar que otro derecho en juego es el de no ser objeto de trata ni venta. La línea entre subrogación comercial y venta de menores es invisible cuando median pagos elevados. De hecho, más de 300 ONG han denunciado que este negocio configura “la manifestación más visible del tráfico de menores”. La diferencia es que aquí el relato mediático es una historia de amor, y entonces no queda tan lindo hablar de trata.

Lupe Batallán.